CIUDAD DE MÉXICO, 10 de febrero, (DOBLE TINTA / CÍRCULO DIGITAL).- La honestidad debe quedar expresada en la primera Ley General del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México como una forma de vida y de gobierno para acabar con la corrupción, sostuvo la diputada local Ana Juana Ángeles Valencia.

La asambleísta se refirió a los preparativos que realiza la ALDF para redactar dicha ley como parte del proceso de Leyes Secundarias que formarán parte del proceso de armonización con la nueva Constitución de la Ciudad de México.

Destacó que ante la falta de valores que se registra en nuestro país, «es imprescindible que la honestidad quede plasmada en cada uno de los artículos de la Ley del Sistema Anticorrupción para la mejor defensa de los intereses patrimoniales de la Ciudad de México».

En un comunicado, la integrante de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) consideró urgente convertir dicho valor en virtud y forma de vida del gobierno para erradicar la corrupción, de manera que «no haya necesidad de aumentar impuestos, ni de predialazos, gasolinazos o de endeudar a la capital del país».

Señaló que los diputados de Morena están contra todos aquellos que amasan grandes fortunas de la noche a la mañana, apoyados en la ilegalidad, el influyentismo y a la sombra del poder público.

Aseguró que están en contra de la riqueza mal habida producto de la corrupción, que es la causa principal de la desigualdad social y económica.

La legisladora explicó que mientras la impunidad sea el fiel de la balanza en el marco de la corrupción y no existan castigos ejemplares para los servidores públicos que se benefician del erario, que actúan como si fueran delincuentes organizados, ésta nunca se acabará en ninguna parte del país.

Sostuvo que para aniquilar la corrupción de la administración pública de la Ciudad de México, es necesario eliminar la impunidad, el proteccionismo gubernamental y los contubernios entre los funcionarios públicos y agentes del Ministerio Público encargados de la Fiscalía Especial para Servidores Públicos.

Hizo ver la necesidad de que sean confiscados todos los capitales y patrimonios mal adquiridos de las autoridades corruptas, así como de sus familiares para que dichos recursos financieros y materiales sean destinados a programas sociales en un lapso no mayor a seis meses, a partir de la sentencia definitiva que se dicte, misma que deberá quedar firme.

Afirmó que el Sistema Local Anticorrupción debe contar con la participación de ciudadanos de amplia solvencia moral reconocida, que no estén vinculados a ningún partido o intereses, económicos y políticos, quienes deberán entregar semestralmente una auditoría y seguimiento del destino de los recursos públicos.

En ese sentido, consideró necesario que se «eviten actos de corrupción, como los de los ocho exgobernadores que abusaron del poder que el pueblo les confirió para realizar un buen gobierno y terminaron malversando el erario que debió aplicarse dentro de cada estado para obras, servicios públicos y programas sociales y no como una extensión de sus propiedades».

En ese sentido, dijo que deben existir mayores controles de confianza para los nombramientos y la contratación de funcionarios públicos de primer nivel, así como de subordinados en quienes recae la operatividad de los recursos públicos.