INDICADOR POLÍTICO

Carlos Ramírez

El gabinete para el crecimiento económico instalado el miércoles 29 de enero es apenas un paso hacia la reorganización de la política de gasto productivo del gobierno. Sin embargo, las inversiones privadas no dependen de una estructura burocrática que en los hechos ya existe, sino de un acuerdo político del Estado con los empresarios.

El nuevo gabinete reinstala tres versiones anteriores: la comisión nacional de inversiones que operaba la presidencia de la república al margen de las funciones de gasto de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de la Presidencia creada por el presidente López Mateos en diciembre de 1958 para centralizar inversiones y la Secretaría de Programación y Presupuesto del presidente López Portillo en diciembre de 1976 para separar gasto de ingreso. En enero de 1992 la SPP mutó sus funciones al gasto social y ya no de inversiones públicas y se llamó Secretaría de Desarrollo Social. Y en el gobierno actual refrendó el modelo salinista con el nombre de Secretaria de Bienestar.

En ese largo periodo de los cuarenta a 2018, esa oficina de inversiones productivas y luego sociales catapultó candidaturas presidenciales. De ahí salieron tres precandidatos presidenciales –Donato Miranda Fonseca, Emilio Martínez Manautou y Hugo Cervantes del Río–, tres presidentes de la república –Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo– y dos candidatos presidenciales derrotados –Josefina Vázquez Mota y José Antonio Meade Kuribreña–.

El ejercicio de los presupuestos de ingreso-gasto siempre fue un problema de administración de recursos. Cuando el gasto estaba en Hacienda, el titular ejercía austeridad en el gasto; en los tiempos de la SPP el titular gastaba sin atender restricciones presupuestales.

En sus primeros meses de gobierno el presidente Echeverría creó la Comisión Nacional Tripartita, que tuvo entre sus funciones reordenar las inversiones productivas del gobierno. López Portillo, ante el enfrentamiento empresarial que heredo de Echeverría, promovió la Alianza Nacional para la Producción como mecanismo coordinador de gasto productivo-inversiones empresariales. Como Bienestar Social, el gasto productivo regresó a Hacienda.

La Secretaria de Hacienda del gobierno de López Obrador carece de flexibilidad para manejar inversiones por escasa experiencia del actual titular Arturo Herrera, más financiero que inversionista. Su antecesor Carlos Urzúa sí sabía de inversiones, pero el funcionamiento personal de la presidencia lopezobradorista le impedía operar con libertad.

La centralización de las inversiones ya había sido anunciada por el presidente López Obrador mediante un programa pactado con el sector privado. Sin embargo, poco se ha avanzado. A medio camino el jefe de la oficina de la presidencia, el empresario Alfonso Romo, se hizo cargo del procesamiento de las inversiones en función de sus buenas relaciones con el sector privado, él mismo empresario.

Sin embargo, el problema no es de centralización ni de programación, sino de un acuerdo específico con los empresarios. El asunto radica no en la existencia de inversiones públicas que pudieran ser concesionadas al sector privado, sino a relaciones productivas de complementariedad. El sector público en este gobierno mantiene mucha desconfianza con el empresariado y éste ha respondido con una fase de atonía de inversiones.

El Estado lopezobradorista ha tomado para sí las grandes inversiones, pero dejándole a los empresarios algunas menos redituables. Pemex, CFE, aeropuerto de Santa Lucía y Tren Maya, entre otros, son grandes proyectos que el Estado no quiere abrir a la empresa privada. Y la negativa se basa en un resentimiento que influye en la retracción empresarial en inversiones: las acusaciones públicas de que los empresarios privados defraudan con las obras y las ven como negocios y su complicidad con gobiernos priístas anteriores. En este sentido, las obras enlistadas en la primera fase de inversiones privadas no resultan atractivas para los empresarios y pudieran no concretarse, porque los empresarios tienen la sensación de que les están dejando las sobras.

En el fondo, el programa de inversiones tiene dos niveles: primero, la inversión pública es de apenas el 15% de la total, pero detona la participación empresarial del 85%; y segundo, las inversiones privadas requieren de estabilidad, entendimiento y buenas relaciones productivas con el Estado, además de atractivas tasas de utilidad.

En todo caso, el nuevo gabinete para el crecimiento servirá, como las oficinas anteriores, en un posicionamiento político de su titular, colocando, aunque no quiera, a Alfonso Romo en el escenario de gabinete de primer nivel y por tanto en la lista de potenciales presidenciales para el 2024.

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