CIUDAD DE MÉXICO, 31 de enero, (AZCAPO NOTICIAS/CÍRCULO DIGITAL).—  La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de la ALDF, Nury Delia Ruiz Ovando, anunció que impulsará entre los diferentes grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados elevar a nivel federal la revocación del mandato de los funcionarios que hayan sido electos, tal y como lo hizo la Asamblea Constituyente en la Carta Magna de la Ciudad de México.

Consideró un triunfo de la ciudadanía la aprobación de esta iniciativa que le otorga el derecho a solicitar la revocación del mandato de representantes electos cuando así lo demande al menos el 10 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores del ámbito respectivo.

Dijo que urgía regresarle el poder a la ciudadanía que no tiene por qué tolerar malos políticos ni gobiernos; “desde esta perspectiva, una de nuestras prioridades era lograr el empoderamiento de la gente”, señaló.

Explicó que la revocación de mandato es un instrumento mediante el cual los ciudadanos tendrán el derecho de evaluar el desempeño de algún gobernante para revocar o ratificar su gestión.

“Se trata de que a través de este mecanismo se someta a escrutinio de la población la actuación de los gobernantes, para que decidan si debe o no continuar con el puesto que los mismos ciudadanos le confirieron mediante el voto”, manifestó.

Ruiz Ovando celebró que la Asamblea Constituyente avalara el artículo 72 de la Constitución local, el cual establece que ningún funcionario gozará de fuero, que era entendido como un privilegio de los servidores públicos para mantener un supuesto equilibrio entre los poderes del Estado bajo la premisa de salvaguardar eventuales acusaciones sin fundamento.

“Llegó la hora de poner un freno a los abusos bajo la protección de figuras legales como el fuero constitucional; nadie debe estar por encima de la ley y todos debemos responder por nuestros actos”, manifestó.

Dijo que son de sobra conocidos los abusos cometidos por servidores públicos al amparo de un fueron constitucional que hasta ahora los eximía de responder ante la ciudadanía por ilícitos cometidos en el desempeño de sus funciones, o incluso en actividades cotidianas que nada tienen que ver con el ejercicio de sus encargos.

Al respecto, recordó que el sentido original de otorgar el fuero fue el proteger las ideas y posicionamientos de los legisladores para no ser reprimidos por algún otro poder, vulnerando la división de poderes.

Además, señaló que los casos de abuso por parte de quienes gozan de este recurso han propiciado un debate que redunda, coincide y exige su desaparición.

“Quienes hacen gala del fuero son aquellos servidores públicos que se abrigan con él para evadir responsabilidades por actitudes poco éticas que son motivo de sanción, totalmente alejadas de las actividades propias por las que se le otorga ese beneficio ya que los aplican como impunidad”, apuntó.

Indicó que el fuero se convirtió en sinónimo de privilegio, “los avances democráticos, la lucha contra la impunidad y corrupción han avanzado, por lo que el trato igualitario entre personas debe ser tácito, más aún cuando se trata de servidores públicos que trabajan y representan a la sociedad”, apuntó.