CIUDAD DE MÉXICO, 07 de diciembre, (CDMX MAGACÍN/CÍRCULO DIGITAL).—  Los diputados Dunia Ludlow y Leonel Luna Estrada aclararon que el artículo 94 de la Ley de Vivienda de la Ciudad de México no genera nuevas tasas tributarias y mucho menos afecta el patrimonio de los ciudadanos como se ha querido manejar, al contrario busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta capital.

Dijeron que desde hace 16 años, la Ciudad de México carece de una Ley de Vivienda acorde con la realidad y desarrollo de la misma, lo que ha provocado un rezago importante en términos de la producción de vivienda de interés social.

Ante la falta de políticas públicas en el marco legislativo, los capitalinos sólo tuvieron acceso a viviendas en municipios connurbados con los problemas que ello implica y en el detrimento de su calidad de vida y otros viven en el hacinamiento por la falta de oportunidades de ocupar un espacio habitacional adecuado

En relación al falso debate de la plusvalía, el diputado Leonel Luna aclaró que el dictamen de la Ley de Vivienda no obliga de ninguna manera a imponer una carga tributaria adicional, sino la orientación del destino de recursos a la producción de un hábitat más amable y socialmente más responsable.

La ley busca garantizar  el acceso al derecho constitucional a una vivienda digna, resaltó el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

«Las plusvalías urbanas es una realidad en todos los asentamientos urbanos del mundo, lo que no implica aumento de tasas tributarias sino a una mejor distribución de ingresos ya generados», insistió el legislador.

Insistió en que la Ley de Vivienda  busca que se produzca o construya más vivienda popular o de interés social y con ello que más habitantes de esta ciudad tengan acceso a un patrimonio propio y a mejores estándares de vida.

La diputada Dunia Ludlow coincidió en los objetivos de la ley, en la cual participaron y fue consensuada por representares de organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, colegios de profesionistas, organizaciones empresariales y en general por actores sociales vinculadas al tema.

Reprobó que se busque deslegitimar y tergiversar una ley con un alto contenido social. «El articulado es claro y sería una contradicción presentar un ordenamiento que vaya en contra del bienestar e interés colectivo», resaltó.