CIUDAD DE MÉXICO, 22 de diciembre, (LA RED SOCIAL/CÍRCULO DIGITAL).—  El conglomerado brasileño Odebrecht confesó ayer en EU haber pagado 10,5 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios del Gobierno de México para obtener contratos de obras públicas entre 2010 y 2014.

Según un acuerdo de admisión de culpabilidad ante el Departamento de Justicia estadounidense el gigante de infraestructura de Brasil aceptó sobornar a un alto funcionario de una empresa paraestatal, que no fue identificado, con 6 millones de dólares. Los pagos se hicieron entre diciembre de 2013 y finales de 2014.

“La constructora brasileña Odebrecht tenía un departamento dedicado a pagar sobornos. Los investigadores hallan un sistema de corrupción “profesional” en la constructora brasileña

Para hacer más amarga la navidad a los que nada tienen, ayer trascendió que los partidos políticos destinan al año más de 111,5 millones de pesos para pagar les sueldes de sus dirigencias, tanto nacionales como estatales.

En medio de este tipo de noticias, en el INE se sorprenden todavía por el enrarecido ambiente político y social. El Consejo General del INE aprobó su Plan Estratégico 2016-2026 con el reconocimiento de que enfrenta como amenazas un ambiente político y social enrarecido por el crimen organizado previo a las elecciones 2017-2018, la injerencia de esos grupos en la designación de candidatos y la existencia de movimientos sociales que lo toman como rehén para obtener prebendas.

Mientras tanto, a más tardar la próxima semana la Secretaría de Hacienda publicará la nueva fórmula para definir los precios de las gasolinas al consumidor con un nuevo parámetro: los topes de tarifa en que las gasolinerías podrán vender dependerán de la región en que se ubiquen por los costos de traslado, con lo que es previsible que haya tantos precios como terminales de reparto hay en el país a partir de enero, y todos serán superiores a los actuales.

Las alteraciones de las bombas despachadoras, la entrega de litros incompletos, la venta de combustible sin la calidad establecida en la norma, así como la manipulación de inventarios por parte de los gasolineras serán sancionadas con multas de hasta siete millones de pesos por parte de la Profeco, que además emitirá un reporte a la Comisión Reguladora de Energía para que evalúe el retiro de la concesión.