CIUDAD DE MÉXICO, 08 de febrero, (AZCAPO NOTICIAS/CÍRCULO DIGITAL).—  Para contrarrestar la política hostil en materia migratoria que ha anunciado el Gobierno de Estados Unidos, el senador Miguel Barbosa Huerta resaltó la necesidad de una legislación integral que proteja los derechos de los connacionales que viven en aquel país y que brinde protección a quienes regresen a territorio nacional.

Al presentar una iniciativa del Grupo Parlamentario del PRD que propone expedir la Ley para la Atención y Protección de los Mexicanos en el Exterior y su Retorno Ordenado y Favorable, el coordinador del GPPRD explicó que contiene medidas que garantizan la integración de los migrantes retornado en condiciones dignas que aseguren el respeto a sus derechos y los de sus familiares.

“El objetivo de la presente ley es proveer a los mexicanos en el exterior de un marco legal para garantizar su derecho al retorno en un contexto de pleno respeto a sus derechos humanos, económicos, políticos y sociales”, afirmó el senador.

El documento establece la construcción de una política de Estado para el desarrollo armónico de las relaciones internacionales dispuesta por el Ejecutivo Federal, con la intervención del Senado de la República, así como con la participación de los sectores sociales interesados.

En primero lugar, la iniciativa propone el fortalecimiento de las atribuciones de los Consulados para la protección de los migrantes mexicanos  mediante un programa de asistencia legal y asesoría jurídica externa, que privilegie los casos de vulneración a los derechos humanos, los que pongan en riesgo la preservación de la unidad familiar y los relativos a estancia o retorno.

“Se propone que los consulados promuevan la defensa de una serie de derechos de los migrantes, los cuales han sido configurados en su mayoría por criterios y opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al interpretar la Convención, entre otros”, expone.

A los mexicanos en el extranjero se debe privilegiar su derecho a la unidad de las familias, los derechos laborales sin importar la calidad migratoria, la certeza para la protección del derecho de propiedad y el derecho a un retorno voluntario, ordenado y favorable.

En el caso de retorno a territorio nacional, el Estado mexicano promoverá facilidades para su acceso e integración a los distintos ámbitos de la vida económica y social del país, garantizando el respeto a su identidad y a su diversidad étnica y cultural; así como el establecimiento de medidas de protección, derecho a establecer su residencia en el lugar de su elección, acceso a las mismas oportunidades de empleo y educación con la revalidación de estudios realizados en el extranjero.

Además, se reconoce el derecho a que los migrantes repatriados a la educación a través de medidas provisionales de acceso a ésta en tanto se emiten los documentos de identidad o académicos que permitan su plena integración o tránsito por el sistema educativo nacional, así como la revalidación de sus los estudios obtenidos en Estados Unidos.

“Las instituciones educativas públicas y privadas deberán inscribir a las niñas, niños y adolescentes repatriados al grado educativo que cursaban en el extranjero al momento de su retorno o su equivalente, o bien, al grado inmediato superior a aquel que hubieren acreditado o su equivalente”, plantea.

El documento también establece medidas precautorias y mecanismos de protección a mexicanos en sus procesos de retorno, obligando a toda autoridad mexicana que intervenga en el acompañamiento de personas en retorno favorable informar de manera clara y precisa de los derechos que les asisten, así como de los trámites que deban de realizar ante la Ventanilla Única.

También se propone que toda actuación de las autoridades mexicanas se rija por el principio de celeridad y privilegie la protección efectiva de los derechos de la persona en retorno favorable por encima de cualquier formalismo administrativo.

Como medidas urgentes que las autoridades deberán prestar de manera inmediata a la persona en retorno favorable o a alguno de sus familiares o acompañantes se propone:

Atención médica y traslado a la institución de salud más conveniente para que se brinde el servicio requerido; localización de personas extraviadas durante el viaje de retorno; atención médica, sicológica y jurídica en caso de que hayan sido víctimas de algún delito durante su viaje de retorno; y asistencia vehicular y, en su caso, transporte hasta el lugar que señale como de destino seguro.

Se establece la Ventanilla Única, bajo coordinación del Instituto Nacional de Migración, y como parte del Programa Nacional de Vinculación y Retorno para los Mexicanos en el Extranjero, como la instancia administrativa de atención integral y transversal a las personas en retorno favorable para comenzar su reintegración digna y sostenible, mediante trámites ágiles y gratuitos.

También se establecen medidas tributarias en favor de mexicanos retornados, como el que toda persona mexicana con más de dos años de residencia en el exterior que retorne al país, podrá introducir los bienes destinados a su actividad laboral, libres de impuestos a la importación y demás contribuciones y gravámenes que pudieran generarse por ese concepto.

También señala que las personas en retorno favorable podrán realizar la importación definitiva de un vehículo de uso particular o de trabajo siempre que esté relacionado con su actividad laboral, libre de impuestos a la importación y sin necesidad de intervención de agente aduanal.