BOGOTÁ, 09 de diciembre, (AGENCIAS / CÍRCULO DIGITAL).- Por Edelmiro Franco. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, recibe mañana sábado el premio Nobel de Paz, en Oslo, Noruega, en medio de incertidumbre y alerta en el Congreso, debido a la sostenibilidad del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC.

La principal preocupación de Santos y de los jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) es que el Congreso pueda legislar de manera rápida todo el paquete de leyes que le darán viabilidad al pacto de paz, que pone fin a 52 años de guerra.

El llamado fast track, depende de la decisión que tomen los magistrados de la Corte Constitucional, un fallo que deberá conocerse el lunes 12 de diciembre.

Ello a fin de que los colombianos sepan cuál es la ruta que tendrá el Congreso para aprobar las leyes: La vía ordinaria o la rápida (fast track).

El presidente Santos dijo este viernes desde Oslo, Noruega, que espera que el próximo lunes la Corte Constitucional le dé la bendición al fast track, «con el fin de implementar el acuerdo lo más rápido posible».

La guerrilla de las FARC también están a la espera de la crucial decisión de la Corte Constitucional, que está dividida entre los magistrados que consideran que no es posible la vía rápida y los integrantes que apuestan por el fast track.

Amnistía, indulto, y tratamientos penales especiales para los guerrilleros de las FARC, es la primera ley que debe aprobar lo más rápido posible el Congreso de Colombia, que en mayoría refrendó el Acuerdo de Paz con las FARC, firmado oficialmente el pasado 24 de noviembre en la capital colombiana.

Esta ley es vital porque le da seguridad jurídica a los guerrilleros y en particular a sus jefes para que se puedan mover con libertad en los próximos seis meses, cruciales para la dejación de las armas de manera definitiva y dar el salto para conformar partido político.

El Congreso también deberá aprobar una reforma a la Constitución de 1991 relacionada con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que consiste en aprobar las bases constitucionales para la justicia transicional.

La JEP será el mecanismo acordado por las partes para que lleve los procesos contra los participantes en el conflicto armado, con base en la verdad y reparación a las víctimas.

Además de las leyes relacionadas con el punto de la participación de las FARC en la vida política colombiana, que es la columna vertebral del Acuerdo de Paz, es decir el grupo insurgente cambia las balas por los votos.

Estas leyes y otras que requiere la implementación del Acuerdo de Paz, se deben aprobar por la vía rápida para evitar que el Acuerdo de Paz colapse en el Congreso, si la Corte Constitucional le dice no al fast track.

En caso que la aprobación de las leyes para la paz, se tenga que hacer por la vía tradicional del Congreso de Colombia, implicaría dos debates en el Senado y dos en la Cámara de Representantes, pero si las iniciativas son para hacer enmiendas a la Constitución, los debates serían ocho en las cámaras Alta y Baja.

El jefe de las FARC, Timoleón Jiménez, alertó en la última semana a sus tropas, para que mantengan la unidad ante las dificultades que puede enfrentar el Acuerdo de Paz en el Congreso de Colombia.

El líder insurgente pidió a los ocho mil guerrilleros que se tienen que concentrar en campamentos bajo el monitoreo de Naciones Unidas, a no descartar un plan B.

Para las FARC tramitar las leyes por la vía rápida, es un peligro para la sostenibilidad del Acuerdo de Paz, porque se podría desnaturalizar la esencia de lo pactado.

El jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, también viene alertado en las últimas semanas de los riesgos que tendría la paz para los colombianos, sin el fast-track.

“El fast-track no es un capricho, ni es un deseo de colocar contra la pared a quienes se oponen. Es una necesidad”, comentó recientemente De la Calle, quien advirtió que la paz estaría en serios aprietos sin el mecanismo abreviado.

El gobierno de Santos como las FARC, son conscientes que cada día que pasa sin aprobar las leyes que implementen el Acuerdo de Paz, el cese al fuego bilateral se volverá más frágil y peligroso.

A estas preocupaciones de tipo político y militar, se suma el aumento de asesinatos selectivos de líderes sociales de izquierda, por presuntos grupos de extrema derecha.

Las cifras ya superan los 200 casos, de acuerdo con denuncias de organizaciones defensoras de los derechos humanos, un hecho que prendió las alarmas en el gobierno de Santos, en las FARC y en los partidos políticos y organizaciones sociales.

Este es el escenario político que vive Colombia, en la víspera de la ceremonia de entrega del Nobel de Paz a Santos por sus esfuerzos para parar una guerra de 52 años que ha dejado cerca de 300 mil muertos, miles de desaparecidos y 7.5 millones de víctimas.

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