CIUDAD DE MÉXICO, 10 de febrero, (MENSAJE POLÍTICO / CÍRCULO DIGITAL).- Aprobar la Ley de Seguridad Interior propuesta por el PRI tendrá un efecto negativo al que se busca, que es proteger a las fuerzas armadas como una institución de la República, ya que carece de sustento constitucional, es débil y será controvertida en tribunales de jurisdicción nacional e internacional, lo que terminará exponiéndolas aún más, afirmó el secretario de la Comisión de Gobernación, Rafael Hernández Soriano.

 

Al respecto, abundó que los diputados del PRI y PAN pretenden proteger a los militares con una ley que no tiene base constitucional, pues no hay un artículo que faculte al Congreso de la Unión para legislar en esa materia y, en todo caso, si asílo quisieran esos partidos, deberían modificar la Constitución y no lo han hecho, no lo han propuesto en su iniciativa.

 

“Los diputados del PRD respaldamos la necesidad de reforzar la labor del Estado en la lucha contra la delincuencia organizada y la seguridad pública, pero esa tarea requiere fortalecer las instituciones del propio Estado, tanto civiles como militares”, puntualizó Hernández Soriano.

 

Por eso, en lugar de insistir en la imposición de dicha ley “proponemos que se retome en primera instancia la minuta que envió el Senado a la Cámara de Diputados sobre Mando Mixto apenas el año pasado, y la cual contó con la anuencia del PAN, por lo cual ahora sorprende su postura de respaldo a esta ominosa ley”, añadió.

 

Respecto a la urgencia de dictaminar la iniciativa de Ley sobre Seguridad Interior, subrayó que se está sustentando en un falso debate, pues se pretende hacer creer a la opinión pública que quienes están a favor de la propuesta y su pronta salida, están a favor de la protección del Ejército y su labor en las calles, y que quienes estamos en contra lo estamos también del Ejército y a favor del crimen organizado, explicó.

 

Sin embargo, abundó Hernández Soriano, una legislación que busca ser expedida al vapor, carente de controles legales y de manera autoritaria -ya que no se han escuchado las voces de los mandos civiles ni de las personas que han resultado víctimas de la Guerra contra el Narcotráfico declarada en 2006-, lejos de proteger no sólo a las fuerzas armadas sino a la población civil, las expondrá a situaciones cuestionables, peligrosas y violentas como la ocurrida ayer en Nayarit.

 

“Estamos de acuerdo en que la inseguridad y la violencia son temas que urge reglamentar, pero no con la Ley de Seguridad Interior, ya que está demostrado por los especialistas en la materia que el uso de militares en tareas de seguridad no ha logrado contener la violencia y sí ha incrementado las denuncias por violaciones a los derechos humanos de manera exponencial”, indicó.