CIUDAD DE MÉXICO, 06 de diciembre, (AZCAPO NOTICIAS/CÍRCULO DIGITAL).—  Lo más rentable del dictamen de la iniciativa de Ley de Vivienda para la Ciudad de México es que la Comisión del ramo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), abrió la puerta a la sociedad organizada fundamentalmente a las diversas expresiones del Movimiento Urbano Popular (MUP), las que de manera propositiva argumentaron la inoperancia de esta toda vez que será desplazada por la Primera Constitución de la Ciudad de México, señaló la diputada Ana Juana Ángeles Valencia.

Destacó que la mayoría de las expresiones del MUP agradecieron que se les haya escuchado, las que desde un inicio hicieron notar que no es urgente renovar la Ley de Vivienda toda vez que su vigencia será pasajera y podría generar confusiones durante el lapso de su vigencia que poco aporta para solucionar los problemas de raíz como la escasez y la carestía.

Ángeles Valencia, al razonar su abstención en la votación plenaria argumentó que la apertura de la diputada Dunia Ludlow Deloya expresa un gran reto para sus correligionarios del PRI de los congresos locales y de los que legislan en el Congreso de la Unión, donde son mayoría, porque sólo en la ALDF se ha dado esta expresión democrática, posiblemente, a título personal y no de Grupo Parlamentario.

Reconoció el esfuerzo realizado durante varias semanas por confeccionar una Ley de Vivienda para la Ciudad de México que dista de ser la ideal porque al menos tiene seis observaciones que demuestran su inoperancia.

Subrayó que carece de sentido aprobar una nueva Ley de Vivienda antes de la Promulgación de la Primera Constitución de la Ciudad de México, en virtud de que pueden existir normas que se contrapongan a dicha Constitución, pues al entrar en vigor ésta última, de manera automática, se derogarán todas las leyes secundarias que se contrapongan.

Informó que se exhortó en varias reuniones a los integrantes de la Comisión de Vivienda posponer la discusión de la iniciativa hasta que fuera promulgada la Constitución de la Ciudad de México, porque no existió urgencia alguna para su aprobación inmediata, toda vez que con la vigente es suficiente para resolver la actual problemática.

Citó que en el artículo 75 se habla de la participación del Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INVI), en conjunto con las entidades financiera (bancos), colaboración que resultaría lesiva para los beneficiarios porque se desatiende el concepto de interés social al bursatilizarse la actividad de dicho Instituto por la presencia de agentes financieros ajenos al organismo social.

Explicó que bajo ese esquema de financiamiento estructurado, que permite a la empresa o institución bancaria dar liquidez a activos no líquidos u obtener recursos del mercado de valores dando valor presente a los ingresos futuros de los mismos, encarecería el valor de las acciones de vivienda y por lo tanto dejaría de ser de interés social.

En ese sentido hizo notar la necesidad de precisar el uso inteligente de los conceptos de interés popular y social, de los que sólo debe prevalecer el social para evitar confusiones y contratiempos burocráticos cuyas diferencias conceptuales, además, cambian el precio de una vivienda.

Sostuvo que es poco claro el capítulo de Vivienda en Renta porque que no queda claro el papel del INVI para el fomento de ese tipo de vivienda, además no se aclara en qué consisten los estímulos e incentivos para el fomento, porque, además, el gobierno, a través del INVI, no puede financiar la producción o inversión privada de vivienda conforme al artículo 75 de dicho proyecto de Ley.

Explicó que la descripción de los conceptos que se utilizan para representar a la población vulnerable, a la de jóvenes y de estudiantes, tal y como están incluidos en el articulado del proyecto, son confusos y poco aportan para que estos grupos sociales de personas accedan a los beneficios que se plasman, tal como ocurre con la población indígena, catalogado como vulnerable cuando su condición social es otra en el contexto urbano de la Ciudad de México.