CIUDAD DE MÉXICO, 13 de diciembre, (CDMX MAGACÍN/CÍRCULO DIGITAL).— El Pleno de la ALDF aprobó por unanimidad la iniciativa de decreto presentada por el Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en Donceles, Raúl Flores, por el que se pide emitir la declaratoria para el inicio de la vigencia en la Ciudad de México de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece las normas que deben observarse en los casos de internamiento por prisión preventiva, de ejecución de penas y las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de la aplicación de una resolución judicial.
Al leer el dictamen presentado por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el diputado local señaló que dicha ley también busca regular los medios para lograr la reinserción social a nivel nacional de los acusados.
Recordó que la observación de la aplicación de dicha ley deriva de lo que señala el artículo 122 párrafo sexto inciso c base primera fracción quinta inciso h de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 42 fracción 12 del Estatuto de Gobierno del DF, que establece que es competencia de la ALDF legislar en el rubro de materia penal, por lo que señaló que las disposiciones de dicha ley son de orden público y de observancia general para todas las entidades federativas por delitos que sean de competencia de los tribunales del fuero federal y local, según corresponda.
Flores García preciso que ante la implementación del nuevo sistema de justicia penal, la administración e impartición de justicia es una de las tareas prioritarias en la Ciudad de México, por lo que el objetivo es brindar a los ciudadanos leyes que respeten y protejan sus derechos humanos.
“La Ley Nacional de Ejecución Penal es garante de un trato digno a las reclusas y a los reclusos y apegados al respeto de los derechos humanos. Tiene la virtud de prever alternativas de justicia para aliviar las penas en delitos del fuero común para poder reintegrar a la sociedad de una mejor manera a todos aquellos que apliquen para obtener los beneficios, además prevé el arresto domiciliario y el uso de brazaletes para facilitar que no se rompa la convivencia familiar”, precisó el perredista.
Cabe señalar que dicho decreto fue publicado el pasado 16 de junio de presente año en el Diario Oficial de la Federación tras decisión del presidente Enrique Peña Nieto.